El sistema jurídico español es garantista y eso permite a los defraudadores buscar nueva vías de impunidad para sus turbios negocios. Lo cierto es que en España aparece a menudo el delincuente pero casi nunca el dinero, y cuando el responsable de un delito es completamente insolvente no hay modo de hacerle pagar de modo personal sus deudas pues no se admite el aumento de penas de cárcel a cambio de la scantidades no satisfechas.