Mari Carmen fue desahuciada bajo un gobierno del PSOE, por una ley del PSOE (LAU 1994) que el PSOE/Sumar no han tocado en 8 años. La sacó la Policía Nacional de Marlaska por orden judicial. Y ella culpaba a Pedro Sánchez de forma directa por ello.
Comer es un derecho. Y el pan es un negocio: lo hace un panadero que quiere ganar dinero, con harina de un agricultor que quiere ganar dinero, vendido en un supermercado o una panadería de barrio que quieren ganar dinero. Nadie en esa cadena está ahí por tu derecho a comer, les das igual tu derecho a comer, están por el suyo. Y sin embargo comes pan, barato y cuando quieras, porque hay miles de panaderos y miles de industrias fabricando pan. Mi pueblo es tan pequeño que no tiene panadería, bien, pues todas las mañanas pasa una señora con una furgoneta por la puerta de cada casa, pita, las abuelas salen y compran el pan. Ese es el nivel de implantación. La única vez que en España se intentó garantizar el derecho a comer poniéndole precio estatal al pan fue después de la guerra civil, en los años 40 con la cartilla de racionamiento. El pan desapareció del estante de las panaderías y se vendía como hoy se vende el tabaco Ducal o el American Legend en las tiendas de barrio, destrangis. A aquello se le llamó estraperlo, y lo hizo todo el mundo, no los malvados acaparadores de pan.
El agua es un derecho. Y el agua es un negocio: Solán de Cabras, Lanjarón, Aquaservice con el dispensador de agua en la oficina o en la parcela, el camión cisterna, la desaladora o la embotelladora de aguas subterráneas que construye una empresa. ¿Cómo garantizamos el derecho al agua? ¿Poniéndole un tope al precio de Font Vella? ¿nacionalizando Bezoya? Obviamente no. Lo garantizamos con el Canal de Isabel II. Lo garantizamos con una tubería pública que llega a todas las casas, llega al grifo de la cocina y del baño, y le da a una familia lo que necesita a un precio razonable. ¿Y si no llega la tubería o el agua del grifo es una porquería? como es mi caso. Pues yo le mando un whatsapp a una empresa privada y una vez al mes y me trae 48 botellas de litro y medio de agua, de un manantial salmantino, por 21,80€ y a la puerta de mi casa. Nadie se muere de sed y nadie prohíbe vender agua.
Un "sindicato" con 3.000 inscritos, dirigido por una tríada de burgueses a los que nadie ha votado, pretende negociar la legislación sobre la vivienda de un país de 50 millones de almas, usando como "palanca" a 500 chavales que no han cotizado en su vida acampados en una plaza.
Siempre hay lerdos que sirven a Sánchez en esta mascarada cuyos fines son:
a) Sacar de las portadas la invasión de Ceuta y la alianza PSOE-narcogitanos para asustar a jueces
b) Comenzar a azuzar la violencia callejera, el sueño de Sánchez para llegar, cuando toquen las elecciones a estados de alarma, excepción, etc. y no convocar. O convocar dando pucherazo.
Una jeta de la vida. Funcionaria con buen sueldo pasó de comprarse un piso hace 20 o 30 años porque molaba más vivir alquilada en Retiro pagando cuatro perras.
Artículo totalmente tendencioso. A pesar de la similitud formal con el texto de 2008, la Instrucción de 2022 amplió significativamente los supuestos de acceso a la nacionalidad, rebasando el marco estricto previsto en la propia Ley de Memoria Democrática. Esta extralimitación normativa a espaldas del Congreso ha provocado una expansión masiva del censo electoral, alterando de forma sustancial su volumen y afectando de lleno a la integridad y a las garantías del proceso electoral. Ante la disyuntiva de permitir el voto de personas cuya inscripción resulte después irregular, o privar del voto a personas cuya inscripción acabe revelándose regular, en Supremo opta -razonada y razonablemente- por lo segundo, por una sencilla razón: por considerar merecedor de mayor protección el voto de los españoles que ya lo son (cuyo sentido quedaría distorsionado por el ejercicio del voto por parte de personas que no deberían haberlo ejercido por haber sido irrregularmente nacionalizadas o censadas) que el voto de los españoles que acaban de ser nacionalizados y censados (aún no sabemos si regular o irregularmente) y nunca antes lo habían ejercido.
Se le llama “ponderación”.
Una instrucción de una Dirección General no puede alterar las reglas de la prueba, porque si el legislador hubiese querido que todo descendiente de españoles pudiese optar a la nacionalidad así estaría en la propia ley. El principio general del que alega algo debe probarlo se puede excepcionar por ley, pero no por una norma de ínfimo rango, al menos no en un Democracia y en un Estado de Derecho. Y es contraria a la Democracia porque las Cortes Generales representan a los españoles, pero una directora general, aunque sea hermana de un ministro, no.
Está claro que se quiere enturbiar el auto del TS sobre medidas cautelares respecto de la legalidad de la instrucción de aplicación de la Ley de Memoria Histórica a los descendientes de exiliados entre 1936 y 1955, alegando que se priva del derecho al voto de nacionalizados, pero lo cierto es que esa es una interpretación espúrea del contenido del auto ya que lo que lo que está en litigio es la legalidad del contenido de la instrucción por haber realizado una interpretación extensiva de la literalidad de la ley en base a una presunción (de exiliado).
Las concesiones de nacionalidad si se declarase nula la instrucción cuestionada también serían nulas y, por tanto, no habrían generado ningún derecho de sufragio activo o pasivo.
En esta situación y con la finalidad de no incrementar el posible perjuicio al derecho de sufragio de TODOS los españoles mediante un censo electoral que pudiese estar adulterado parcialmente con el registro de falso nacionalizados, tiene sentido:
Adoptar medidas cautelares que eviten seguir incrementando el CERA con inscripciones que no cumplan estrictamente las condiciones literales de la ley sino la interpretación de la instrucción, y
SUSPENDER temporalmente (no impedir o privar) del derecho de sufragio a los inscritos en el registro CERA en condiciones sometidas al contencioso. Todo lo demás es ruido mediático interesado.
Tan desesperados están ante el inminente derrumbe del tinglado, que pierden ya el sentido tratando de justificar lo injustificable con artículos como este
#17 La planta de Opel de la General Motors en Figueruelas, Zaragoza, nunca estuvo bajo su mando. El máximo nivel que ocupó en dicha plata fue la dirección del departamento de Organización Industrial, desde el que aplicó mejoras en la productividad a través del proceso MTM (Methods Time Measurement). El tercer turno de producción en dicha factoría se introdujo por el ingeniero argentino Ángel Perversi, que llegó a Figueruelas como Director de Manufactura y años después alcanzó el puesto de Director General de la compañía en España.
El problema es que el papa también sabe que durante el periodo de 1934 a 1939, aproximadamente 6.832 miembros de la Iglesia Católica fueron asesinados en la zona republicana por milicias y grupos de izquierda durante la conocida como persecución religiosa o "Terror Rojo".El desglose histórico de estas víctimas por su función religiosa es el siguiente:Obispos: 13 Sacerdotes diocesanos: 4.184 Religiosos (frailes, monjes y seminaristas): 2.365 Religiosas (monjas y hermanas de clausura o congregaciones): 283. De hecho, él mismo, en la cruz pectoral lleva una reliquia del obispo beato agustino Anselmo Polanco, asesinado en 1936.
Su última declaración como presidente ( 2011) registra un patrimonio neto de 209.000 euros y una parcela en León valorada en 38.000.
Hoy día ha multiplicado por 90 ese patrimonio, y declara 3 chalets de lujo y 2 pisos, valorado todo en 3,7 millones de euros.
Si hubiera gestionado igual de bien España durante su presidencia, hoy seríamos potencia mundial
#40 SamuelViejo 
