El Consell, presidido por Carlos Mazón, adjudicó la reparación de la presa a la empresa Becsa SA, propiedad de Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en 2018 por delitos vinculados a la financiación ilegal del Partido Popular en el marco del caso Gürtel. Un contrato de 3,9 millones de euros fue asignado sin publicidad ni concurso público, bajo el paraguas de un procedimiento de emergencia. Este caso no es un hecho aislado. Becsa, además, ha recibido otros contratos para la rehabilitación de carreteras y puentes afectados por la DANA, inclu
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