España ha asumido por primera vez el pago de una indemnización a un inversor privado por el recorte de las primas a las renovables hace más de una década. El Estado ha abonado a la japonesa JGC una compensación de 23,5 millones de euros, cumpliendo con el laudo en contra que emitió en 2021 el Ciadi, la corte arbitral del Banco Mundial.
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