"Un estudio certifica la ausencia de metales pesados en el aire”. Así lo difundió el Gobierno regional en redes sociales y así lo recogieron los medios de comunicación. Sin embargo, lo que se ha certificado, según las alegaciones presentadas por la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena, es un caso de manual de propaganda ambiental, con serios defectos técnicos, omisiones inaceptables y una alarmante falta de rigor metodológico y jurídico. La impugnación ya está en manos de la CARM. El estudio costó 836.632 euros al erario público.
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