Empresas intermediarias presuntamente falseaban la documentación y simulaban tratamientos para obtener las autorizaciones necesarias. La acusación popular considera que la Agència de Residus de Catalunya dio trato de favor a la empresa bajo sospecha, Griñó Ecològic. La exportación e importación de residuos no siempre sigue los cauces legales. El caso más llamativo que puso el foco sobre la falta de inspección acerca de este tipo de prácticas es la investigación por parte del Seprona.
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