Un cambio normativo que lleva más de un año de tramitación y debate pero que este martes ha visto definitivamente la luz. Y por eso, a partir de ahora (entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOJA) la palabra de los profesores no universitarios de Andalucía tendrán presunción de veracidad y cualquier agresión o intimidación hacia los mismos será considerado como un atentado contra la autoridad. Es decir, se podrá llevar ante la Fiscalía al ser considerado un delito. No sólo el alumnado sino sus representantes legales
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