La Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 que el Gobierno remitió a Bruselas hace pocas semanas cuantifica el recorte sufrido por el sistema público de pensiones tras la reforma de 2013. Hay que lamentar que esa estimación no fuera recogida en la memoria económica de la Ley 23/2013, sobre el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización; ni tampoco en el informe del comité de expertos que sirvió de base para esa regulación.
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