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La trayectoria del Partido Popular en el gobierno de España ha dejado una huella profunda en nuestro país, pero no precisamente del tipo que debería enorgullecer a sus responsables. Desde los gobiernos de Aznar hasta los de Rajoy, el PP ha demostrado una capacidad asombrosa para priorizar los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría, envolviendo sus decisiones en una retórica de responsabilidad que la realidad se ha encargado de desmentir una y otra vez.
La gestión económica del PP ha sido, en el mejor de los casos, errática, y en el peor, deliberadamente perjudicial para las clases trabajadoras. Durante el gobierno de Rajoy, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales se presentaron como medidas "inevitables" de austeridad, mientras los grandes patrimonios y las corporaciones disfrutaban de un trato fiscal privilegiado. La reforma laboral de 2012 precarizó el empleo de millones de españoles, debilitando los derechos de los trabajadores bajo la promesa incumplida de crear empleo de calidad. Lo que obtuvimos fue precariedad institucionalizada.
Pero si hay algo que define la era del PP en el gobierno es la corrupción sistémica. No hablamos de casos aislados, sino de una trama que alcanzó las más altas esferas del partido. El caso Gürtel, la caja B, los papeles de Bárcenas, la Púnica, el caso Lezo, el caso Montoro con sus amnistías fiscales que beneficiaron a defraudadores... La lista es tan extensa que resulta agotadora. Un partido condenado por financiación ilegal en sentencia firme del Tribunal Supremo. Eso no es un detalle menor: es la confirmación judicial de que el PP se benefició de una estructura corrupta durante años. Y aun así, sus dirigentes nunca asumieron verdadera responsabilidad política.
En política social, el conservadurismo del PP ha frenado avances necesarios en igualdad de género, derechos LGTBI y justicia social. Su oposición sistemática a medidas progresistas, desde la ley de violencia de género hasta políticas de igualdad efectiva, demuestra una visión anclada en un pasado que la sociedad española ya ha superado. La famosa "equidistancia" del PP ante el machismo y la violencia de género ha sido, en realidad, complicidad disfrazada de moderación.
Y cuando parecía imposible caer más bajo, el PP generó de su propia matriz ideológica a VOX, una escisión ultra que surgió precisamente por la falta de firmeza del partido en postulados reaccionarios. Lejos de marcar distancias, el PP ha ido normalizando el discurso de la ultraderecha, compitiendo por ver quién es más radical. El caso Ayuso es paradigmático: convirtió Madrid en un laboratorio de populismo fiscal y enfrentamiento institucional, repartiendo contratos a dedo durante la pandemia, atacando al gobierno central con mentiras y bulos sistemáticos, y utilizando la sanidad pública como arma electoral mientras la desmantelaba. Ayuso no es una excepción en el PP, es su expresión más pura: todo marketing, cero escrúpulos, corrupción normalizada.
La gestión territorial también merece mención aparte. La respuesta del PP al desafío independentista catalán fue un ejercicio de torpeza política sin paliativos. En lugar de tender puentes y buscar soluciones dialogadas, optaron por la confrontación y la judicialización, alimentando precisamente lo que decían combatir. El resultado: una fractura social que tardará décadas en sanar.
Y qué decir de su gestión de las crisis. Durante la crisis económica de 2008-2014, el PP rescató a los bancos con dinero público mientras desahuciaba a familias. Miles de personas perdieron sus hogares mientras las entidades financieras responsables de la debacle recibían miles de millones de euros. La privatización encubierta de servicios públicos y la desprotección de los más vulnerables completaron un cuadro desolador.
La llegada de Feijóo al liderazgo del PP se vendió como renovación, pero ha resultado ser continuismo con mejor traje. Su gestión como líder de la oposición ha sido un ejercicio de bloqueo institucional y confrontación permanente. La crisis de la DANA en Valencia en 2024 mostró el verdadero rostro del PP autonómico: negligencia criminal en la gestión de alertas, tardanza inexcusable en activar protocolos de emergencia, y después, el cinismo de culpar al gobierno central por sus propios errores. Mazón y su gobierno del PP convirtieron una tragedia natural en un desastre político por incompetencia absoluta, y Feijóo, en lugar de exigir responsabilidades, cerró filas defendiendo lo indefendible.
Y como si la incompetencia no bastara, el PP madrileño de Ayuso ha llevado la guerra contra los derechos reproductivos a un nivel obsceno. La campaña contra el aborto, el acoso a mujeres en clínicas, la obstrucción sistemática al ejercicio de un derecho fundamental... La gestión de la pandemia con miles de ancianos abandonados a su suerte, con el macabro resultado de 7.291 muertos. Todo ello con el silencio cómplice de Feijóo, que prefiere mirar hacia otro lado mientras su partido convierte Madrid en un laboratorio de retroceso en derechos de las mujeres. La supuesta moderación de Feijóo es una farsa: es el mismo PP de siempre, con los mismos vicios, la misma hipocresía y la misma falta de escrúpulos.
El balance es demoledor: el PP ha convertido la política en un negocio para amigos, la administración pública en una red clientelar y la corrupción en un sistema de financiación. No son errores, son decisiones conscientes que han empobrecido a millones mientras enriquecían a unos pocos. Cada vez que el PP habla de regeneración democrática, insulta nuestra inteligencia. Cada vez que se presenta como garante de la economía, escupe sobre quienes perdieron sus empleos, sus casas y su dignidad bajo sus gobiernos. La historia juzgará con dureza a quienes permitieron que un partido condenado judicialmente por corrupción siguiera presentándose como alternativa viable. Porque lo que el PP representa no es conservadurismo legítimo, sino la degeneración absoluta de la función pública. Y eso, sencillamente, no puede volver a gobernar España.
En los últimos meses estoy viendo un cambio preocupante en varias empresas con las que trato: están intentando eliminar a sus distribuidores para gestionar directamente al cliente. Sobre el papel suena eficiente; en la práctica, el servicio empeora y deja a muchos profesionales en la estacada. Comparto dos ejemplos recientes.
El primero es Autodesk, desarrolladora de software CAD. En mi empresa tenemos muchas licencias suyas, aunque ya hemos sustituido varias por alternativas menos restrictivas. Hasta hace poco gestionábamos todo a través de un distribuidor (NTI), que nos asesoraba, nos ofrecía opciones y daba un soporte más ágil que el fabricante. Sin embargo, Autodesk ha decidido eliminar ese canal: ya no podemos pagar al distribuidor, solo directamente a ellos, y además han activado por defecto la autorrenovación de las licencias. Si te despistas, renuevas sin querer. Si quieres negociar, no puedes. Y si necesitas comparar con otros productos del mercado, el fabricante no va a ser precisamente objetivo.
Hoy me ha pasado algo similar con Vodafone. Durante años hemos gestionado nuestras líneas móviles a través de un distribuidor local, Firmatel, que conocía nuestras necesidades y defendía nuestros intereses ante Vodafone. De un día para otro, Vodafone ha rescindido su contrato y los comerciales se han quedado sin acceso a las herramientas. Ahora nos obligan a tratar directamente con ellos. ¿Resultado? Perdemos a quien velaba por nosotros y ganamos un interlocutor que, lógicamente, responde antes a la compañía que al cliente.
Extraoficialmente se comenta que Telefónica prepara un gran ERE de cara a una posible compra de Vodafone, y que este recorte de distribuidores forma parte de una estrategia para centralizar la venta. No sé si será cierto, pero sí sé que detrás hay personas que se quedan sin trabajo y clientes que perdemos opciones.
Si esta tendencia continúa, las empresas medianas y los consumidores en general lo vamos a tener cada vez más difícil para recibir un servicio personalizado y para comparar alternativas reales. La desaparición de distribuidores independientes no es solo un cambio organizativo: es una pérdida para el consumidor y para el mercado
A día de hoy, si un usuario te pone en "ignore", no verá si respondes a sus comentarios, pero ese usuario/a sí puede ver los enlaces que subes, votarlos (normalmente de forma negativa y dudosamente justificada) y comentar. Creo que si alguien te pone en ignore debería ser una medida completa, no parcial, de modo que si no puede ver tus comentarios, tampoco debería ver tus enlaces, y mucho menos poder votarlos. Tal y como está ahora mismo menéame en esta cuestión, se prima la cobardía y el ataque gratuito e injustificado., además de la incoherencia.
Sería deseable que se corrigiera este grave error. Quizá algún @admin, @Imparsifal, etcétera lo puedan transmitir a quien corresponda.
Pregunta para las y los usuarios de menéame:
¿Qué opinas sobre esta cuestión?
¿Crees que se debería solucionar esto que planteo?
¿Lo has experimentado en algún momento?
Me ha llegado por 3 amigos/familiares un vídeo musical (rumba navideña) muy bonito (realizado con IA) que esconde mensajes de ultraderecha. De exaltación a "lo de antes", religiosidad católica, nacionalismo excluyente y xenofobia. El vídeo: www.youtube.com/watch?v=zZDoCr_IfvQ . Realizado por Modo Basado modobasado.company.site/
Estaba yo el otro día recordando tiempos mozos viendo fotos mías de hace unos 10 años, y vaya bajón. Un treitañero recién cumplido, lozano, terso, sin canas, unos kilos menos… Era mi “prime” como dice ahora la chavalería. Pero aquí estoy ahora, más viejo, más gordo, doliéndome cada vez más cosas, canoso y entrecomillando expresiones que suenan raras dichas por un cuarentón. Cómo cambian las cosas en 10 años.
Rebuscando en el mismo baúl de los recuerdos donde estaban las fotos de la autoflagelación, también encontré el famoso catálogo de Ikea que usó Podemos como programa electoral hace 10 años también. Más nostalgia. ¡Qué tiempos aquellos en los que pensábamos que íbamos a asaltar el cielo! ¡69 diputados, que tiemble el PPSOE! Después del 15M estábamos también en nuestro “prime”, teníamos de nuestro lado al perroflauta y al trajeado, al adolescente y a la abuela, al trabajador por cuenta ajena y al autónomo… ¡Íbamos a cambiar España! La gente como yo hasta pagaba por conseguir ese programa electoral en formato físico: Iba a ser histórico.
E igual que yo ahora acaricio mis fotos de juventud cual Lobezno con amarga nostalgia, me imagino a muchos de los que votamos a esa nueva izquierda a la izquierda de la vieja izquierda acariciando la pantalla del móvil viendo las noticias de la hemeroteca en la que se sacaba pecho de los 4.000.000 de votos conseguidos entre el partido y las confluencias. Ahora tenemos 8 diputados y las encuestas nos dan la mitad si la cosa no cambia. ¡Cómo cambia la cosa!
¿Qué ha pasado? ¿En qué momento se ha desmoronado todo tanto? De llamar a las puertas del cielo, hemos caído en picado al suelo más duro y terrenal. “Vaya hostia” que diría Rita, Dios la tenga en su gloria. ¿A quién tendremos que culpar? Porque está claro que esto sólo puede ser culpa de otros. Autocrítica es una palabra que hemos borrado de nuestro vocabulario, como el nombre de Íñigo Errejón de la agenda de contactos de cualquier dirigente morado.
¿Puede ser que Paco dejase de votarnos cuando no decíamos nada mientras que en algunas tertulias se clamaba a los cuatro vientos que todos los hombres son violadores en potencia? ¿A lo mejor Ana decidió volver a votar al PSOE cuando la llamamos tránsfoba por decir que la ley trans estaba mal hecha y que al dejar la autodeterminación al gusto de cada uno, sería muy fácil que algunos hombres tratasen de aprovecharse, perjudicando a mujeres y a transexuales reales? ¿Miguel ya no quiere oír hablar de nosotros porque dijimos que era un machista por evidenciar que asociaciones de jueces decían que la ley del Sólo sí es sí, como ironizaba Ángeles Rodríguez PAM, “Llevaría a los violadores a la calle”, como finalmente así sucedió? ¿Rufina y Teodoro ya no se fían del partido que dice que la okupación no es un problema real y que carga a los particulares el problema de las familias vulnerables inquiokupas de las que debería hacerse cargo el Gobierno? ¿Ana va a votar a VOX después de que en Barcelona le hayan robado 3 veces delincuentes multireincidentes, y tras quejarse, la hayamos llamado racista? ¿Yeray esta harto de que realojemos en hoteles a inmigrantes ilegales a los pocos días de llegar en patera mientras él lleva 3 años malviviendo en un contenedor prefabricado en la Palma esperando a que solucionen lo de las viviendas afectadas por el volcán?
Sí, será culpa de ellos, que tienen la piel muy fina y se están dejando influenciar muy fácilmente por el discurso de cualquiera que no piense como decimos nosotros que se debe pensar. Será eso, seguro. Y quién piense distinto, es un nazi, un facha, un ultraderechista y un fascista, aunque vote a Podemos o Sumar, que lo he leído en los comentarios de Meneame.
¿ A nadie más le pasa ? O entras de incógnito o ese mensaje es el que me aparece una y otra vez. ¿tan dificil es?
![El liberalismo se rinde ante el desafío de la extrema derecha, mientras comienza la batalla por su reemplazo [EN]](https://www.meneame.net/backend/media?type=link&id=4118071&version=0&ts=1763338206&image.webp)
En el panorama político español de octubre de 2025, la fragmentación del espacio progresista contrasta con la creciente consolidación de las fuerzas ultraconservadoras. La dispersión electoral de las izquierdas no es meramente un problema aritmético, sino una crisis de proyecto político que amenaza con entregar las instituciones a quienes buscan desmantelar décadas de avances en derechos sociales, laborales y civiles.
La atomización de las fuerzas progresistas se traduce en una sangría constante de escaños y poder institucional. El sistema electoral español, con su fórmula D'Hondt y circunscripciones provinciales, penaliza especialmente la división. Mientras el bloque conservador optimiza sus resultados presentándose de forma cohesionada o con pactos claros, la izquierda pierde representación provincia tras provincia por la multiplicación de candidaturas.
Las consecuencias son tangibles: gobiernos autonómicos y municipales que podrían ser progresistas quedan en manos de coaliciones de derechas por diferencias de pocos miles de votos. Diputados que se pierden en provincias pequeñas por décimas porcentuales. Políticas públicas que no se implementan porque la suma de votos progresistas, siendo mayoritaria, no se traduce en mayoría parlamentaria.
La fragmentación no solo afecta a los resultados electorales, sino a la capacidad real de incidir en las decisiones que transforman la vida de la ciudadanía. Un espacio político dividido es un espacio político debilitado, incapaz de articular mayorías estables que impulsen reformas estructurales.
La experiencia reciente demuestra que los avances más significativos en derechos laborales, justicia fiscal, transición ecológica o políticas de igualdad se han logrado cuando las fuerzas progresistas han sido capaces de superar sus diferencias y acordar agendas comunes. Por el contrario, la división interna consume energías en disputas estériles mientras las urgencias sociales quedan sin respuesta.
La capacidad de negociación frente a otros actores políticos, sociales y económicos también se ve mermada. Un frente unido de izquierdas puede establecer líneas rojas claras y defender con firmeza sus propuestas. La dispersión, en cambio, invita a estrategias de división y debilitamiento por parte de quienes no comparten el proyecto transformador.
La unidad de las izquierdas no puede ser un ejercicio de uniformidad que diluya identidades políticas legítimas. Debe construirse desde el respeto a la pluralidad, reconociendo que diferentes tradiciones y sensibilidades enriquecen el proyecto común. La convergencia no implica renunciar a matices, sino jerarquizar prioridades y distinguir lo fundamental de lo accesorio.
Una propuesta vertebradora debe articularse sobre ejes programáticos claros:
Justicia social y económica: Defensa de los servicios públicos universales, redistribución de la riqueza mediante una fiscalidad progresiva, protección del Estado del bienestar frente a los recortes y privatizaciones. Garantía de derechos laborales dignos, salarios suficientes y protección social robusta.
Derecho a la vivienda: Reconocimiento de la vivienda como derecho fundamental y no como mercancía especulativa. La crisis habitacional se ha convertido en la principal preocupación de amplias capas sociales, especialmente jóvenes y familias trabajadoras. Una propuesta progresista debe incluir la construcción masiva de vivienda pública en alquiler asequible, regulación efectiva del mercado para evitar la especulación, limitación de los precios de alquiler en zonas tensionadas, prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, tributación más elevada para grandes tenedores y viviendas vacías, y recuperación del parque público mediante compras estratégicas. Sin solucionar el acceso a la vivienda, cualquier proyecto de país se vuelve inviable para millones de personas.
Transición ecológica justa: Reconocimiento de la emergencia climática como prioridad política, acompañada de medidas que aseguren que el coste de la transición no recaiga sobre las clases trabajadoras. Apuesta decidida por energías renovables, transporte público, rehabilitación de viviendas y modelo productivo sostenible.
Derechos civiles y libertades: Blindaje de conquistas en igualdad de género, derechos LGTBIQ+, memoria democrática y libertades fundamentales. Oposición frontal a cualquier retroceso en derechos consolidados.
Democracia participativa y territorial: Profundización democrática mediante mayor participación ciudadana, transparencia institucional y lucha contra la corrupción. Reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y respeto a las diferentes sensibilidades territoriales dentro del marco constitucional o mediante su reforma democrática.
Política exterior solidaria: Compromiso con los derechos humanos, el derecho internacional y la cooperación frente a las lógicas militaristas y los bloques imperialistas.
Este programa común no necesita borrar las especificidades de cada fuerza política, pero sí exige disciplina en lo esencial: cuando las instituciones estén en juego, cuando los derechos fundamentales sean atacados, cuando las políticas neoliberales amenacen el bienestar colectivo, la respuesta debe ser unitaria.
El crecimiento de la extrema derecha en España no es un fenómeno aislado, sino parte de una ola reaccionaria que recorre Europa y América. Su discurso, basado en la xenofobia, el machismo, la negación de derechos y el autoritarismo, representa una amenaza real para la democracia.
El fascismo del siglo XXI se presenta con traje y corbata, pero su esencia permanece intacta: la construcción de enemigos internos, el desprecio a los valores democráticos, la glorificación de un pasado mítico y autoritario, la persecución de minorías. No podemos subestimar su capacidad de contagio institucional ni su vocación de desmantelar todo aquello que nos hace iguales en dignidad y derechos.
Frente a esta involución, la movilización del electorado progresista es urgente. Pero movilizar no es solo llamar al voto cada cuatro años. Requiere:
Pedagogía política constante: Explicar con claridad qué está en juego, desmontar bulos y falacias, conectar las políticas concretas con la vida cotidiana de la gente. Hacer visible cómo las decisiones políticas afectan al bolsillo, al acceso a servicios, a las oportunidades vitales.
Presencia territorial: Recuperar la presencia en barrios, pueblos y centros de trabajo. La política no puede reducirse a debates televisivos y guerras de tuits. Se hace cuerpo a cuerpo, escuchando, dialogando, organizando.
Conexión con movimientos sociales: Sindicatos, organizaciones ecologistas, feministas, vecinales, juveniles, culturales... El cambio político no se construye solo desde las instituciones. La izquierda debe ser permeable a las luchas que emergen desde la sociedad civil.
Cultura de la esperanza: Frente al discurso reaccionario del miedo, construir narrativas de futuro. Demostrar que otro modelo es posible, que la transformación está a nuestro alcance, que juntos somos más fuertes.
Generosidad política: Abandonar la lógica del adversario interno. Reconocer que quien comparte el 80% de tu programa no es tu enemigo principal. Reservar la confrontación para quienes realmente representan proyectos opuestos.
La unidad de las izquierdas en España no es un lujo ni una opción táctica coyuntural. Es una necesidad histórica ante un momento de definición democrática. La correlación de fuerzas actual exige superar inercias, renunciar a maximalismos estériles y priorizar lo colectivo sobre lo particular.
No se trata de fusionar partidos ni de crear estructuras artificiales condenadas al fracaso. Se trata de establecer pactos claros de no agresión, de coordinación electoral donde sea necesario, de acuerdos programáticos en lo fundamental, de lealtad cuando se gobierna conjuntamente. Y sobretodo, que la confección de las candidaturas tienen que ser procesos 100% transparentes. Cuestión que hasta la fecha y sin excepción forma parte del Debe en el balance de todas las organizaciones políticas progresistas de izquierdas.
El electorado progresista español es mayoritario, pero está desmovilizado, fragmentado, desencantado. Recuperar su confianza implica demostrar que la política puede cambiar vidas reales, que las instituciones sirven para proteger a la mayoría frente a los privilegios de unos pocos, que la democracia es algo más que gestión tecnocrática.
La extrema derecha crece alimentándose del vacío que deja una izquierda ensimismada en sus disputas internas. Cada día que perdemos divididos es un día que ganan ellos para consolidar su proyecto involucionista. La historia nos juzgará no por nuestras diferencias de matiz, sino por nuestra capacidad de unirnos cuando todo lo importante estaba en juego.
El momento es ahora. La unidad, una responsabilidad ineludible. El futuro, por construir.
menéame
