Las relaciones entre grandes empresas y partidos políticos no son nunca neutrales ni puntuales. Configuran una trama profunda de poder que trasciende la simple colaboración institucional. Cuando se analizan estas conexiones, se constata cómo las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor.
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