El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la ley orgánica de integridad pública, un texto "ambicioso" y "valiente" que pretende acabar con la corrupción en empresas, partidos y procesos de contratación. La Ley General Penitenciaria se modificará también para vincular los beneficios penitenciarios -tercer grado, libertad condicional- a la devolución íntegra de las cantidades robadas, intereses incluidos. Esta decisión está ahora en manos de la administración penitenciaria o del tribunal que dicta la sentencia.
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