Con la lógica y la ley en la mano, existen no pocas sospechas que nos llevan a pensar que ese informe de marras elaborado por una oscura agencia de inteligencia sobre una única prueba –el teléfono móvil requisado al venezolano Rodolfo Reyes, uno de los implicados en la supuesta red que se movía alrededor de la aerolínea Plus Ultra–, podría no cumplir con las garantías procesales de un Estado de derecho.
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