El informe de este año del Panorama de las Administraciones certifica que España es uno de los pocos países (junto con otros cuatro de un total de 38) que ni tienen en vigor ni han tenido todavía un plan que controle los riesgos y audite el sector público en su conjunto, incluidos los órganos legislativos, ejecutivos, administrativos, judiciales y sus funcionarios, así como empresas públicas y subcontratas.
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