Cinco millones de euros defraudados. Cientos de páginas de investigación archivadas. Y una sentencia del Supremo que, lejos de analizar los hechos con rigor, despacha a quienes denuncian los privilegios de Juan Carlos I con sarcasmos jurídicos y desdén institucional. Así es como funciona la justicia cuando el acusado ha sido jefe del Estado y tiene aún contactos y blindajes suficientes para reírse de las y los contribuyentes desde su retiro dorado.
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