El BOE del 24 de diciembre traía, entre la habitual avalancha legislativa, una sorpresa que ha pasado un tanto desapercibida: se generaliza, por ley, el modelo de construir o adaptar viviendas sociales mediante concesión a la iniciativa privada. Y esta vez no es cosa de un gobierno territorial o un ayuntamiento, es una ley estatal con la que arranca el año (...) La conclusión es fácil: el espacio público se achica. La empresa privada gana.
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