Este nuevo proyecto de ley amplía la duración de la detención de las personas migrantes de 18 a 24 meses, pone las bases para nuevas medidas restrictivas pasados los 24 meses, que incluyen, por ejemplo, la vigilancia electrónica; e introduce medidas punitivas para las personas migrantes, como prohibiciones de entrada de hasta diez años (en lugar de los cinco actuales), con posibilidad de extensión por cinco o diez años más en casos en los que se invoquen riesgos de seguridad.
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