La discriminación es clara: los reclusos no católicos y los no seleccionados por la cofradía-capellán son descartados del privilegio. Es un auténtico despropósito democrático, dictado por un Gobierno supuestamente progresista, para satisfacer a lobbies ultraconservadores. Prácticas que parecen trasladadas del medievo a una sociedad moderna, que desea ser justa e igualitaria...
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