La Generalitat se quedará sin recibir 13 millones de euros de grandes tenedores por la anulación del Tribunal Constitucional (TC) que les obligaba a ofrecer un alquiler social a inquilinos vulnerables. Según ha avanzado El Periódico y han confirmado a ACN fuentes de la Agencia Catalana de Consumo, este importe son los 521 expedientes que tiene que archivar por la sentencia judicial. La nulidad de la medida hecha por el TC, a instancias de unos recursos presentados por el PP y Vox considera que el ejecutivo catalán invade competencias estatales.
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Curioso.
No les importa el bien social.