La cancelación de las elecciones sin pruebas concluyentes constituye una restricción de derechos constitucionales de los ciudadanos con la excusa de la seguridad nacional. Así lo cree Ruth Ferrero, profesora Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, quien analiza las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo para la democracia rumana y para el bloque europeo.
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