El difunto emperador Hirohito de Japón debería rendir cuentas ante el derecho internacional por los crímenes de la Unidad 731 , según académicos chinos que dicen que el gobernante en tiempos de guerra autorizó el infame programa pero fue protegido del procesamiento por la política estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la rendición de Japón, la evidencia de sus crímenes fue destruida sistemáticamente por orden de Hirohito,
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