El empresario le exige el pago de 100.000 euros y que se retracte de las declaraciones que realizó el pasado 17 de octubre, poco después de que el Supremo imputara al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo", afirmó el presidente ante los medios de comunicación aquel día.
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