Los ahora condenados, por la audiencia de Málaga, que eran pareja, utilizaban sus empresas, con actividad real, y una asociación para ayuda a migrantes, según la sentencia de la Sección Octava. En los hechos probados se destaca que los acusados entre 2022 y 2023 facilitaban a los afectados otras identidades de otros trabajadores, también extranjeros, que se encontraban en situación legal en España, para que pudieran permanecer en el país y trabajar. "Una documentación verdadera pero utilizada de forma mendaz, ante las autoridades.