29 familias que llevan casi dos décadas alquilando viviendas públicas son ahora amenazadas con el desahucio por parte del Estado, pese a haber pagado puntualmente sus rentas. Las casas, antes gestionadas por la Sociedad Pública de Alquiler, pasarán a subasta o venta a precios de mercado. Denuncian la contradicción de un gobierno progresista que, mientras defiende el derecho a la vivienda, actúa como un fondo buitre y alimenta la especulación inmobiliaria.
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