Mientras el parlamento insta al Gobierno de Canarias a negociar con los empleados públicos temporales contratados en fraude de ley, petición firmada por todos los partidos políticos (incluido el PSC). El Gobierno se empeña en llevar a cabo un proceso de estabilización/consolidación en el que peligran los puestos de trabajo de cerca de 4000 empleados, que en su mayoría llevan más de 10, 15, 20 años prestando servicios de forma continua.