Un contrato público señalado por Víctor de Aldama por supuestos amaños fue adjudicado a una UTE integrada por Lantania SLU y ASCH Infraestructuras y Servicios SA, dos constructoras que presuntamente participaron en la red de comisiones ilegales del caso Koldo. El proyecto fue licitado en 2019 por José Luis Ábalos y, en 2022, su sucesora en el Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez, concedió a las empresas una modificación del coste que elevó el precio final de la obra un 11,4%.
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