En su demanda, el sindicalista expulsado aporta un correo electrónico de Perelló en el que el secretario general del sindicato le afea que las preguntas realizadas sobre las cuentas y los cursos de formación "pueden malmeter la imagen del sindicato", al tiempo que suponían un "grave perjuicio para el honor" de la central y lo advertía de eventuales "responsabilidades penales".