El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Renfe no podrán contar por ahora con los ingresos que les iba a reportar la operación Chamartín, pese a que los contratos firmados en su día con DUCH, la promotora del proyecto, obligaban a las partes a realizar la operación de compraventa de los terrenos que actualmente ocupan las empresas públicas en la llamada prolongación de la Castellana, una transacción valorada en 984 millones de euros.
Comentarios
Pelotazo marca España.