El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el reglamento para estos centros. En él se abre la puerta a que sean las organizaciones no gubernamentales las que “organicen y gestionen la asistencia sanitaria, social y cultural”. El Ministerio destinará 5,5 millones de euros más a convenios y contratos con asociaciones y a mejoras de los centros. Para los miembros de la campaña por el cierre de los CIE, ”este reglamento abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social”.
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