La Autoridad Fiscal, el organismo independiente impuesto por Bruselas a España en la etapa inmediatamente posterior a la crisis para garantizar la fiabilidad de las cuentas públicas nacionales, considera a contracorriente del pensamiento dominante sobre el asunto que el sistema público de pensiones tiene futuro y es sostenible a largo plazo. Es decir, que cuando llegue 2040 o 2050, y ya se haya jubilado las cuantiosas cohortes de población de la generación del 'baby boom', con el estrés financiero que eso supondrá para la Seguridad Social
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