La proposición de ley impulsada por los sindicatos para fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos sigue su andadura en el Congreso. El PP no consiguió tumbarla hacce un mes. Si finalmente sale adelante una iniciativa así tendría un coste muy elevado para las aún maltrechas arcas del Estado: podría llegar a costar más de 15.000 millones, tal y como ha asegurado este martes el presidente de la Autoridad Fiscal, José Luis Escrivá.
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