La oposición consideran que, de nuevo, Cortina (PP) "se salta la legalidad vigente" que no permite realizar actuaciones que se salgan del funcionamiento ordinario del Ayuntamiento, es decir, aquellos actos encaminados a garantizar los servicios a los vecinos, al convocar un Pleno a apenas cinco días del cambio de poderes en el consistorio. El Juzgado de Instrucción nº3 de Santander confirmó el pasado mayo la imputación de Cortina por un posible delito de prevaricación administrativa, al que añadió otro de tráfico de influencias.
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Los populares respaldaron con su decisión el informe del instructor de la causa, que no vio responsabilidad personal en el proceso ni del actual presidente regional ni del todavía regidor. La otra cara de la moneda fue la de la oposición, que más allá del rechazo de las alegaciones presentadas, criticó con dureza el hecho de que éste se produjera en una sesión plenaria celebrada a apenas cinco días del cambio de la Corporación.