Álvaro Cortina es la primera persona que declara públicamente que se sintió extorsionado por José Ángel Fernández Villa en su propio despacho de la sede del SOMA-UGT y pagó una “mordida” de 80.000 pesetas por sugerencia del secretario general del sindicato minero para la fiesta de Rodiezmo. Era 1986 y Álvaro gestionaba la empresa que llevaba su nombre, una de las que proveía de material a los economatos de Hunosa, en los que la fiscal anticorrupción que lleva el Caso Villa, Carmen García Cerdá, investiga.