El magistrado instructor ha denegado la medida cautelar que solicitaba la formación política al coincidir con el criterio de la Fiscalía, que no ha visto necesario suspender el festival pero sí pedir informe a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A su juicio, la existencia de indicios racionales de criminalidad "no justifica" la suspensión del acto convocado al "no apreciarse un riesgo concreto derivado de permitir su celebración".
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