La federación de consumidores denuncia, en este sentido, que el Gobierno que preside Susana Díaz no está tomando en consideración el número de clientes a los que cada banco engañó con la cláusula suelo en Andalucía y los beneficios obtenidos con el fraude, tal y como prevé la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, a la hora de determinar la cuantía de las multas.