El Gobierno parece dispuesto a contaminar toda la arquitectura institucional con tal de frenar el incontenible hedor de la corrupción..las injerencias desde el Gobierno en órganos clave del funcionamiento judicial con el objetivo de obstaculizar la investigación de grandes escándalos de corrupción constituyen el asalto más grave al Estado de Derecho.. En términos éticos y en términos políticos, la continuidad de Manuel Moix es insostenible, digan lo que digan el fiscal general, el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno..
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Mientras 8 millones de chorizos los sigan votando no hay nada que hacer.