El Gobierno de Aragón reformó esta semana la Ley 6/2023, de protección y modernización de la agricultura social y familiar: elimina el artículo 8, que ponía límites a la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas, exigía una distancia mínima obligatoria de 1 km entre instalaciones y obligaba a comprobar la capacidad de suelos cercanos para absorber purines, al ser usados como fertilizante; aumentando el riesgo ambiental y de salud pública en una región que ya tiene niveles altos de contaminación por nitratos en acuíferos y ríos
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