En 2009 el Gobierno de Zapatero tras analizar informes de la Agencia Tributaria decidió revocar la condición de asociación de utilidad pública, lo que conlleva ciertos beneficios y exenciones fiscales. El Gobierno socialista argumentó que se dedicaba a ofrecer “formación a un colectivo selecto de personas y entidades [altos directivos de grandes empresas] a cambio de contraprestación”, por lo que su trabajo era una actividad empresarial. Ahora se devuelve esa condición en ejecución de una sentencia de la Audiencia Nacional de 2012.
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