Las colaboraciones o concesiones público-privadas (CPPs), aplicadas principalmente en la sanidad o la educación, se han disparado en los últimos años en España. Bajo el mantra de que lo privado es “más eficaz”, apuntan en el último informe de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), “hay que invitar y facilitar al sector privado a su participación en los sectores que tradicionalmente han sido de dominio público para que vayan funcionando mejor”.
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Como sabe cualquiera que recuerde la evolución de la sanidad pública en las últimas dos décadas, aproximadamente, cuantas más concesiones privadas hay, más cara nos cuesta la sanidad y además tenemos un servicio peor:
la concesión al sector privado de servicios públicos lleva implícitos “recortes financieros, fragmentación de actividades, contratas y subcontratas, reducción de personal y precarización, degradación de las infraestructuras de los servicios públicos, y, sobre todo, la introducción como ley suprema de la rentabilidad económica, degradando el carácter de servicio público y promoviendo la inviabilidad del estado social”.