Se trata de Roberto Castillo, presidente ejecutivo de la empresa que desarrollaba el proyecto hidroeléctrico contra el que luchó la activista. Según la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), Castillo habría sido el encargado de facilitar los recursos logísticos y de otro tipo a uno de los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, que figura entre otros ocho capturados desde que se registró el crimen.
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