El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, estableció medidas excepcionales de protección en favor de los trabajadores autónomos, regulando prestaciones de cese de actividad para quienes se vieron obligados a suspenderla por completo o vieron afectados sus negocios por una reducción considerable en la facturación; se trataba de un poco de oxígeno para una contingencia que no solo ponía en riesgo no solo la permanencia de su actividad, sino también la estabilidad económica de sus familias.