La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al Santander a devolver 500.000 euros a una sociedad inmobiliaria que compró acciones de la ampliación de capital del Popular de 2016. La Audiencia Provincial de Barcelona considera irrelevante la experiencia de la empresa, que en el pasado había realizado diversas inversiones; en su opinión, lo relevante es "dilucidar si se creó una imagen del banco que no correspondía con la realidad", lo que fue "determinante" para tomar la decisión de comprar las acciones.
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El 7 de junio de 2017, a instancias de la Junta Única de Resolución (JUR), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) procedió a la resolución del Popular, amortizó el valor de sus acciones a cero y lo vendió al Santander al precio de un euro.