Consideran que la intervención en desahucios está justificada cuando exista un riesgo inminente para la vida o la integridad de las personas, o peligro evidente para los bienes mientras que la mera colaboración en la ejecución de lanzamientos, detenciones de activistas o la apertura de viviendas sin una causa de emergencia real, no forma parte de las funciones legales ni operativa
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