El gobierno británico se ha negado a confirmar si ha recibido asesoramiento jurídico para la celebración de un segundo referéndum sobre el acuerdo final de Brexit, alegando que la revelación de dicha información perjudicaría su posición negociadora en las conversaciones con Bruselas. El departamento dijo que había concluido que "el interés público favorece el mantenimiento de la exclusión" de su deber de revelar si tiene o no dicha información.