Cada año, las administraciones públicas de la UE gastan alrededor del 14 % del PIB, unos dos billones de euros, a la adquisición de suministros y en la contratación de obras y servicios. En muchos sectores, como el de la energía, el transporte, la gestión de residuos, la protección social, la sanidad o la educación, los principales comprados son estas autoridades públicas. El 40 % de las licitaciones solo encuentra un oferente, el doble del límite que pide la Comisión Europea.
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