La Comisión Europea ha iniciado este lunes una investigación en profundidad sobre el laudo arbitral por el que España debe pagar una compensación a Antin, por el caso de los recortes en las renovables, después de que el CIADI le reconociera en 2018 una indemnización de 112 millones de euros. Las dudas de Bruselas se centran en la conformidad del arbitraje a los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la UE.