Las grandes empresas de sectores masivos (bancos, seguros, telefonía, navegación aérea y eléctricas) juegan con los consumidores y la justicia con el as en la manga de que por pequeñas cuantías nadie se embarca en un costoso litigio. Los casos aislados en que la justicia da la razón a un consumidor son un mínimo coste frente al inmenso ingreso que suponen las prácticas que atropellan a los consumidores. Relacionada: Vodafone cobrando penalizaciones por baja indebidas
2ª) De los que conocen sus derechos, pocos reclaman por escrito y en plazo;
3ª) De los que reclaman por escrito y en plazo, si no se les atiende, muchos menos acudirán a los tribunales a ejercer su derecho pues nadie quiere anticipar gastos de tasas judiciales y abogado, por un pleito incierto y bajo la espada de Damocles de la condena en costas;
4ª) Y si alguno llega a formalizar la demanda, para evitar la publicidad negativa del litigio perdido, entonces y solo entonces, la empresa demandada se apresurará a hacer una “oferta que no pueda rechazar”, pero limitada a lo que bien podía haber reconocido en la primera reclamación, para que desista el atribulado demandante.
Para que nadie piense que estoy plasmando un delirio fruto de los calores del verano que empieza, expondré de donde nacen estas agridulces reflexiones, y comentaré su extensión a la Administración Pública.
El auténtico problema lo tienen los cientos de miles de consumidores y usuarios en relación con los servicios de cinco tipos de empresas sospechosas ( navegación aérea, telefonía y telecomunicaciones, seguros, bancos y eléctricas), aunque la lista puede ampliarse. De nada sirve que la legislación de consumo reconozca el derecho si la cultura corporativa y la estrategia empresarial pasa por una versión maliciosa del “silencio administrativo” reconvertido en “silencio empresarial”.
No es admisible la impunidad que cosecha beneficios. Y no deseo generalizar pero algo me dice que de mi vuelo de Iberia, que iba lleno, debí ser el único que llegó a plantear la demanda judicial; y de mi demanda contra Orange por 200 euros, debí ser el único que se embarcó en litigo por ello. El acertijo es: ¿quién se frota las manos con esta situación en que “la casa siempre gana”?
La burla que las leyes podrían impedirlo, si tuvieran una sanción, más allá de resarcir los gastos incurridos por el afectado. Si tuvieran que abonar lo debido (o cobrado de más, como pasa con la empresas de comunicaciones) con manifiesta mala voluntad y otro tanto (con un mínimo, mejor), verás como dejarían de vacilar al personal.
A veces ponen multas de carácter general para la administración. Eso no sirve porque, en primer lugar, son menores que los beneficios ilegales obtenidos y, en segundo lugar, porque no se resarce al perjudicado.
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«Cuatro reglas de la felonía empresarial» :
1ª) Pocos usuarios conocen sus derechos;
2ª) De los que conocen sus derechos, pocos reclaman por escrito y en plazo;
3ª) De los que reclaman por escrito y en plazo, si no se les atiende, muchos menos acudirán a los tribunales a ejercer su derecho pues nadie quiere anticipar gastos de tasas judiciales y abogado, por un pleito incierto y bajo la espada de Damocles de la condena en costas;
4ª) Y si alguno llega a formalizar la demanda, para evitar la publicidad negativa del litigio perdido, entonces y solo entonces, la empresa demandada se apresurará a hacer una “oferta que no pueda rechazar”, pero limitada a lo que bien podía haber reconocido en la primera reclamación, para que desista el atribulado demandante.
Para que nadie piense que estoy plasmando un delirio fruto de los calores del verano que empieza, expondré de donde nacen estas agridulces reflexiones, y comentaré su extensión a la Administración Pública.
El auténtico problema lo tienen los cientos de miles de consumidores y usuarios en relación con los servicios de cinco tipos de empresas sospechosas ( navegación aérea, telefonía y telecomunicaciones, seguros, bancos y eléctricas), aunque la lista puede ampliarse. De nada sirve que la legislación de consumo reconozca el derecho si la cultura corporativa y la estrategia empresarial pasa por una versión maliciosa del “silencio administrativo” reconvertido en “silencio empresarial”.
No es admisible la impunidad que cosecha beneficios. Y no deseo generalizar pero algo me dice que de mi vuelo de Iberia, que iba lleno, debí ser el único que llegó a plantear la demanda judicial; y de mi demanda contra Orange por 200 euros, debí ser el único que se embarcó en litigo por ello. El acertijo es: ¿quién se frota las manos con esta situación en que “la casa siempre gana”?
2. La burla al consumidor de las empresas de telefonía: https://delajusticia.com/2010/04/15/la-burla-al-consumidor-de-las-empresas-de-telefonia/
La burla que las leyes podrían impedirlo, si tuvieran una sanción, más allá de resarcir los gastos incurridos por el afectado. Si tuvieran que abonar lo debido (o cobrado de más, como pasa con la empresas de comunicaciones) con manifiesta mala voluntad y otro tanto (con un mínimo, mejor), verás como dejarían de vacilar al personal.
A veces ponen multas de carácter general para la administración. Eso no sirve porque, en primer lugar, son menores que los beneficios ilegales obtenidos y, en segundo lugar, porque no se resarce al perjudicado.