La empresa pública, Canal de Isabel II, no recurrió a sus propios letrados, prefirió pagar 20.500 euros al despacho Cuatrecasas. Tampoco utilizó el servicio jurídico de la Comunidad, a pesar de que hay una Ley que reconoce ese derecho desde 1999. Sin embargo, desde hace casi 20 años, ningún Gobierno madrileño ha firmado los convenios necesarios para permitir esa asistencia jurídica pública de sus empresas...
Comentarios
Algún día nos enteraremos de todos los mangoneos del Canal, una pena que por un puñado de votos temgamos que esperar aún unos años.
Mamandurrias Aguirre Style!!