En el Archipiélago solo se practican interrupciones del embarazo de forma voluntaria en cuatro centros concertados de la islas capitalinas; la nueva ley garantizará que se realicen en hospitales públicos. Carmen (nombre ficticio) vive en Fuerteventura y decidió interrumpir su embarazo hace ocho años. En su centro de salud le explicaron que era posible hacerlo por medio de la sanidad pública, que la derivó a un centro hospitalario privado de Gran Canaria con los gastos cubiertos.
Comentarios
Pues con el índice de madres menores más alto de España ,igual no estaría de más que se plantearan que los hospitales tambien sirven para abortar y que no se necesitan equipos especiales.
No puede haber objeción de conciencia en servicios médicos públicos o que dependan de una concesión pública (farmacias).
Evitando esto, se evitan muchos problemas que recurrentemente van saliendo.