La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS Madrid) denuncia que la insuficiencia clamorosa de recursos destinados a la evaluación de los expedientes de las personas a quienes el especialista de su hospital ha prescrito el medicamento Sovaldi está determinando un retraso injustificable que conlleva a veces la muerte o que cuando la persona accede al tratamiento haya llegado a un estadio de la enfermedad en el que éste disminuye o anula su eficacia.
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