El poder inmobiliario está más preocupado por la medida del 30% (la que obliga a destinar el 30% de una finca a vivienda social) que por la regulación de los alquileres; si derogan la medida del 30%, habrá 4.000 casos como la de la 'casa Orsola', la finca de l'Eixample comprada por un fondo de inversión,
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